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Contar con abogados de pensión de alimentos especializados es clave para asegurar que se cumpla el derecho a recibir el sustento necesario. En Infantas Abogados, nuestro equipo de expertos en derecho de familia te brinda una asesoría legal integral, desde la presentación de una demanda de alimentos hasta la gestión de pagos atrasados y el cese de pensión.
La pensión de alimentos es una obligación legal que tiene como objetivo asegurar que el niño, niña o adolescente reciba apoyo económico para cubrir sus necesidades básicas. En Chile, esta obligación se extiende hasta los 21 años, y en algunos casos, hasta los 28 años si el hijo o hija sigue estudiando.
Los abogados de pensión de alimentos ayudan a gestionar cada paso de este proceso, garantizando el cumplimiento de la ley en los tribunales de familia. Algunos de los casos más comunes que puede ser necesaria la intervención de un abogado incluyen:
Un abogado especializado en pensiones de alimentos se encarga de todos estos trámites, asegurando que el menor reciba el apoyo necesario de acuerdo a la ley.
Elegir a Infantas Abogados para tu caso de pensión de alimentos significa contar con un equipo de abogados especializados en derecho de familia y expertos en demandas de pensión. Nuestra experiencia y enfoque profesional nos permiten representar tus intereses con eficacia y asegurar que el proceso se realice de manera justa y conforme a la ley. Algunos de los beneficios de elegirnos incluyen:
Si necesitas ayuda para gestionar una demanda de pensión de alimentos o enfrentar una deuda, contáctanos hoy para recibir asesoría legal integral y proteger el bienestar de tu familia.
Estamos aquí para entender tus necesidades legales y ofrecerte soluciones personalizadas que protejan tus intereses y fortalezcan tu situación jurídica.
A medida que los hijos crecen, sus necesidades también aumentan. Si los gastos educativos, médicos o de manutención aumentan considerablemente, el cuidador puede solicitar un aumento en la pensión de alimentos. Este proceso requiere demostrar que el actual monto es insuficiente para cubrir las necesidades del menor, y un abogado especializado puede ayudar a reunir la documentación necesaria para presentar el caso.
En Chile, la obligación de pagar pensión de alimentos puede extenderse hasta los 28 años si el hijo sigue estudiando y depende económicamente de sus padres. Nuestros abogados te guiarán en el proceso de extensión de la pensión en estos casos, asegurando que el joven reciba el apoyo necesario mientras continúa con su formación.
Si el niño o adolescente tiene necesidades de salud específicas o discapacidades, se pueden solicitar alimentos especiales para cubrir estos gastos adicionales. Un abogado especializado en pensiones de alimentos puede asesorarte para solicitar este apoyo adicional en el tribunal y lograr una pensión que cubra adecuadamente todas las necesidades del menor.
Durante el proceso de demanda, si las circunstancias cambian, es posible solicitar una modificación de los alimentos provisorios. Esto puede ocurrir si el alimentante obtiene un empleo, pierde ingresos o si las necesidades del menor aumentan. Nuestros abogados gestionan este tipo de solicitudes para asegurar que los alimentos provisorios sean adecuados a la situación actual.
Si el padre o madre no ha cumplido con la obligación de sustento desde el nacimiento del niño o desde un período anterior a la demanda, se puede solicitar una pensión retroactiva para cubrir las necesidades pasadas. Nuestros abogados pueden ayudarte a calcular y reclamar estos pagos en el tribunal, asegurando que el menor reciba el apoyo que no recibió en el pasado.
Si uno de los padres vive fuera de Chile, aún tiene la obligación de proporcionar pensión de alimentos para su hijo en el país. Un abogado experto en pensiones de alimentos puede gestionar los trámites para asegurar que los pagos se realicen desde el extranjero y se cumpla la obligación.
El monto de la pensión de alimentos en Chile no está fijado por ley en una cifra específica, sino que se determina según las necesidades del hijo y la capacidad económica del padre o madre obligado. La pensión mínima corresponde al 40% del ingreso mínimo mensual remuneracional si se trata de un hijo, y al 30% por cada uno cuando son dos o más hijos (Ley 14.908).
La pensión mínima es el 40% del ingreso mínimo mensual para un hijo. Si son dos o más hijos, corresponde al 30% por cada uno, distribuido proporcionalmente. Este piso aplica cuando el obligado tiene ingresos superiores al mínimo; si no los tiene, el tribunal evaluará su capacidad real.
La Ley 21.389 (2022) creó el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Los deudores quedan inhabilitados para realizar trámites como renovar licencia de conducir, emitir pasaporte, comprar propiedades o postular a cargos públicos. También permite retener pagos directos desde el empleador, la Tesorería General de la República (devoluciones de impuestos) y entidades financieras.
El monto se fija en proporción a los ingresos del alimentante y las necesidades del menor (alimentación, vestimenta, educación, salud y vivienda). Un tribunal de familia define la cifra luego de evaluar la prueba presentada. Si no hay acuerdo, se puede demandar judicialmente y nosotros representamos a la madre, padre o al hijo mayor que la solicita.
Sí. Si cambian las circunstancias —ingresos del obligado suben o bajan, necesidades del hijo aumentan (educación, salud), nace otro hijo— cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que modifique el monto. El trámite se realiza en el tribunal de familia que dictó la resolución original.
Las cuotas impagas se pueden cobrar retroactivamente con apremios legales. Desde 2022 existe retención automática por la Tesorería y la posibilidad de embargar cuentas bancarias. No hay prescripción inmediata mientras el menor es menor de edad. Consulte con un abogado para activar las herramientas de cobro.
Es un registro público creado por la Ley 21.389 donde se inscriben automáticamente quienes deben tres o más mensualidades consecutivas, o cinco no consecutivas, de pensión alimenticia. Estar en el registro implica restricciones para trámites, y la inscripción se levanta una vez saldada la deuda.